Juan Carlos Varela: bienvenido a la realidad

La imagen no es muy alentadora. El presidente electo de Panamá recoge sus credenciales como tal y se hace acompañar en el estrado por una calculada representación de “los pobres” del país. Una indígena ngäbe, una mujer trabajadora, una menor y un joven afropanameño de la castigada ciudad de Colón. ¿Imagen del patrón con escenografía ‘social’ o de un Presidente con el pueblo al que representa y con el que co-gobierna?

Esa es la gran pregunta que Juan Carlos Varela deberá despejar a partir del 1 de julio. La mayoría de analistas ven más al empresario que al estadista, pero su llegada al poder en un momento crítico para la democracia panameña, hace pensar a algunos que el ganador de los comicios podría jugar un papel más significativo en los próximos 5 años.

El presidente del Tribunal Electoral, Erasmo Pinilla, en un discurso que ha emocionado a amplios sectores del país, le dijo de frente al sorpresivo ganador de las elecciones del 4 de mayo:  “No presida, convoque; no haga beneficencia, sea solidario; no hable, haga; no pida conductas sociales ejemplares, compórtese ejemplarmente; no diga ‘vaya’, diga ‘síganme”. Un breve instructivo dirigido a quien fuera vicepresidente y ministro de Relaciones Exteriores con el Gobierno de Ricardo Martinelli –hasta que éste lo expulsó vía twitter-, al empresario que domina el sector de los cañeros y del alcohol, al fiel seguidor del Opus Dei, al candidato que ganó las elecciones con un programa político continuista del populismo de Martinelli y donde los motores son la transferencia monetaria condicionada y/o directa y la construcción de letrinas. Pinilla, sin ser muy revolucionario, sí dibujó la costumbre política de las élites criollas de tratar a los ciudadanos como súbditos, a los excluidos como objeto de ayudas en lugar de como sujetos de derechos y al territorio nacional como una finca particular en lugar de como el espacio a compartir y cuidar.

Asignaturas urgentes

Varela llega al poder con herencias acumuladas de alto riesgo. Los diferentes gobiernos post invasión han hecho ingentes esfuerzos por controlar el Poder Judicial y han minado la institucionalidad del país. Martinelli y su partido a medida, Cambio Democrático, incrementaron la presión en esos campos en los últimos cinco años. Mientras el mundo y los medios de comunicación de dejaban cegar por el crecimiento económico sostenido superior al 7% de media, la desigualdad social y la degradación institucional cabalgaban desbocadas.

Pinilla le recordó a Varela que hay que retomar la senda de la institucionalidad democrática, pero en las primeras horas tras las elecciones las dudas se han sembrado porque el presidente electo está rodeado de parte del núcleo de poder inicial que apoyó a Martinelli. El analista político Marcos A. Gandásegui Jr. recuerda en un análisis sobre los resultados que “el presidente electo Varela tiene una política muy parecida si no idéntica a la de Martinelli. (…) Varela está sujeto a las políticas que emanan de EEUU en materia económica, social y militar. Incluso, su militancia en el Opus Dei, una orden conservadora de la Iglesia católica, es bien vista por Washington”.

El acuerdo que llevó a la mancuerna Martinelli-Varela al poder en 2009 fue cerrado en la embajada de Estados Unidos y esa tutela de los gobiernos panameños no ha cesado en las últimas décadas.

El primer reto sería, entonces, un giro soberanista y el cambio real y profundo de las reglas del juego para devolver la confianza, que ya era mínima, en el sistema democrático del país.

Paralelamente, Panamá necesita un cambio de política radical en materia de derechos humanos, entendidos en el más amplio sentido del concepto. El país ha vivido en una crisis permanente de derechos humanos desde los tiempos de Noriega. La represión de los movimientos ciudadanos, el recorte de los derechos laborales, la amenaza a los territorios autónomos indígenas, la permanente agresión al patrimonio ambiental del país… La política fomentada por las élites para refrendar sus intereses económicos –basados en el rentismo, la servidumbre laboral y el extractivismo- se ha traducido en el uso de la policía como milicia al servicio de intereses privados, en una insoportable impunidad judicial, en el espionaje y hostigamiento del disenso social, en la criminalización de los sindicatos y agrupaciones gremiales, en el férreo control de una educación dramáticamente instrumental…

No habrá cambio si Varela no es capaz de gestionar los conflictos de otra manera. Unos conflictos, por otra parte, inevitables en un país cuya bulímica macroeconomía no logra resarcir a una población anoréxica (la pobreza y pobreza extrema sigue rozando el 30%). Esa realidad nos lleva al tercer reto, una nueva política de ‘desarrollo’ que planifique el país a mediano plazo y que opte por la sostenibilidad, el equilibrio y el mejoramiento común y comunitario como base.

Parece difícil que el nuevo Gobierno transite por este camino. El Partido Panameñista, que preside Varela, es de corte conservador y al servicio a las élites tradicionales del país, que se han beneficiado con este agresivo ‘boom’ económico que ha expulsado del desarrollo a amplios sectores de la población. El propio Juan C. Varela mostró como podía poner las políticas públicas a su servicio cuando, estando en el gobierno de Martinelli, adaptó el salario mínimo de los cañeros para que no le fuera gravoso a sus compañías.

Verdad, justicia y reparación

Si esos tres ejes (institucionalidad, derechos y desarrollo) deberían marcar la transformación de las estructuras del Estado e influir de forma determinante en las políticas públicas, el nuevo Gobierno debería asumir la mayor deuda histórica que el poder tiene con la ciudadanía panameña: la verdad y la justicia. El lastre es grande, porque ni siquiera se ha sido capaz de esclarecer en su verdadera dimensión las consecuencias de la invasión estadounidense de 1989. Pero, como mínimo, de deberían articular procesos rápidos para establecer la verdad sobre las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante los últimos años. En el mapa de la memoria del dolor están grabados los nombres de Changuinola, Colón, la Comarca Ngäbe-Buglé, el Centro de Menores de Tocumen, Darién… Si es precisa la judicialización de los corruptos (y ahí la lista es larga), parece más importante para rebajar la brecha entre el Estado y la ciudadanía que se produzca un esclarecimiento de los hechos y de sus responsables materiales e intelectuales (verdad), que se determine las responsabilidades administrativas y penales (justicia) y que se compense a las víctimas de forma simbólica y material (reparación). Varela y muchos de los futuros funcionarios de alto rango eran parte del Gobierno cuando algunas de estas acciones ocurrieron, pero eso no los inhabilita para impulsar un proceso clave para no seguir el camino con heridas tan sangrantes abiertas en canal.

Una consecuencia inmediata del esclarecimiento sería, probablemente, el desmonte de la militarización de los cuerpos de Policía que impulso Martinelli y su cuestionado ministro del ramo, José Raúl Mulino, así como el inmediato restablecimiento de la normalidad democrática en zonas del país que en este momento viven bajo normas de excepción (como amplias áreas de Darién) y bajo control único del Servicio Nacional de Fronteras (una de las instituciones policiales a reformar en primer término).

El papel de la sociedad civil

El equilibrio de poder en el país no parece que se vaya a jugar en la Asamblea Nacional, donde Varela, en clara minoría, tendrá que pactar con el PRD o, incluso, con Cambio Democrático. En el país de los comerciantes todo es posible (y la historia lo ha mostrado) porque, además, el frenético transfuguismo practicado en los últimos años ha desdibujado cualquier frontera política.

Parece evidente entonces que tendrá que ser la sociedad civil la que fiscalice y presione a Varela para que, una vez impulsadas sus promesas populistas, pase a liderar las reformas de fondo necesarias. Pero la denominada sociedad civil organizada panameña también ha cambiado en estos cinco años.

Si a la llegada de Martinelli al poder la sociedad civil se identificaba con grupos de presión urbanos, mestizos, occidentales y ligados a organizaciones no gubernamentales no rupturistas, en este periodo han emergido de forma organizada nuevos actores. Por un lado, los movimientos étnicos y territoriales, entre los que podríamos contar diferentes plataformas indígenas, el movimiento afrodescendiente de Colón o algunos sectores campesinos de Veraguas. Todos ellos tienen un fuerte componente de defensa ambiental y de (re) construcción de la identidad. Por otro, hay un resurgir de movimientos urbanos aglutinados alrededor de componentes de género, contracultura, juventud o comunicación. Estos movimientos han destacado por la creatividad en sus formas de protesta o por el atrevimiento de sus propuestas.

Con este dibujo, corresponde imaginar a la sociedad civil tradicional impulsando los pactos de Estado que los gobiernos de turno nunca han querido aplicar (el de la Justicia, el de la reforma Electoral, el relacionado con la Educación…), y a la sociedad civil emergente trabajando para cambiar la agenda política nacional y convertir en prioridad asuntos como la protección ambiental, la igualdad y diversidad de género, la laicidad del estado o el impulso de políticas culturales.

La calma

Sería ingenuo pensar que Juan Carlos Varela, el Panameñismo y sus aliados democratacristianos vayan hacer una pequeña “revolución” en el país. Los tres partidos que tenían posibilidad de alcanzar la presidencia en las elecciones del 4 de mayo presentaba pocas diferencias ideológicas y responden a intereses de clase. Los tres firmaron un pacto por la familia excluyente y decimonónico; los tres apuestan por la “mano dura” con los de abajo y la desmemoria con los de arriba; los tres se entregan en manos del vellocino de oro de la inversión extranjera y de las grandes infraestructuras para los menos y a cambio ofrecen a los más las migajas en formas de becas, de letrinas o de parrandas financiadas. Sin embargo, el momento es peculiar y puede deparar sorpresas. Varela no es presidente por lo que prometía en una campaña sin propuestas, sino como castigo a Martinelli y a su candidato fantasma, José Domingo Arias. Pero también es presidente como proyección del deseo de un país mejor, más democrático, más digno.

A lo que sí apuestan la mayoría de movimientos organizados de Panamá y de analistas es a un periodo más calmado, sin tantas estridencias ni amenazas como el anterior. Martinelli tensó la cuerda a límites desconocidos y eso obligó a la sociedad civil a quemar sus pocas energías en defenderse.

La calma, de existir, puede permitir que muchos de los nuevos –y alguno de los viejos- actores sociales trabajen en la construcción de alternativas. Las elecciones le han recordado a los gobernantes en Panamá algo que deberían saber de sobra: a los panameños les gusta cambiar de líderes porque en la prueba suelen descubrir que no hay nada nuevo. Todo cambia en un solo día para que no cambie nada, pero por abajo, en la sociedad, si se producen cambios significativos. De manera pausada, como todo cambio social, pero se generan transformaciones que hacen a los jóvenes (alejados emocionalmente de la invasión y de los viejos fantasmas) centrarse en nuevas preocupaciones.

Varela puede no ser capaz de leer este nuevo tiempo, pero su Gobierno, puede proporcionar el sosiego necesario para que Panamá tenga la oportunidad de repensarse. Las sorpresas también pueden superar a las previsiones y el nuevo presidente de Panamá puede entender que su papel histórico pasa por abrir las puestas del Estado a una ciudadanía mucho más dinámica que sus gobernantes.