Bienvenidos a los #JogosDaExclusão de Río de Janeiro

Amnistía Internacional Brasil lo tiene claro: “A raíz de la Copa del Mundo 2014 y de los Juegos Panamericanos de 2007 (Pan), la ciudad de Río de Janeiro -una postal de Brasil- ha vivido con el dolor y el glamour de albergar todos estos mega eventos. Tanto los Pan como la Copa del Mundo, que prometían ser estructuralmente experiencias transformadoras en la vida de los habitantes de la ciudad como una preparación para los Juegos Olímpicos, acabaron marcadas por las denuncias de violaciones de derechos humanos, de endeudamiento público, y costosas obras y malos acabados”. Ahora, cuando sólo faltan unos días para el comienzo de los Juegos Olímpicos, las organizaciones brasileñas convocan la jornada de luchas entre el uno y el cinco de agosto, en el preámbulo del mega evento.

"Río ha estado luchando contra los efectos de los grandes eventos desde el Pan 2007. Ahora llegamos al final de un ciclo de casi una década, con los #JuegosdelaExclusión. La jornada de lucha es una oportunidad para hablar de todo lo que pasó en Río y, en cierta medida, en el país, y para fortalecer la resistencia contra este modelo de ciudad cada vez más segregado”, explica Giselle Tanaka, miembro de la campaña #JogosDaExclusão.

La exclusión es visible y, por tanto, mapeable. Mientras en los medios de comunicación masivos sólo se habla de la posibilidad de que algún deportista extranjero se contagie de zika, la cartografía del dolor muestra los devastadores efectos de estas olimpiadas antes de empezar. Uno de los dramas más evidente ha sido la pérdida del hogar de manera forzada de unas 77.000 personas desde que en 2009 Río de Janeiro ganara la sede. La desaparición de la favela Metrô Mangueira (a un kilómetro de Maracaná), la demolición de 580 casas de las 600 del barrio Vila Autódromo, junto a la Villa Olímpica o la desaparición completa de Vila Recreio II o Vila Harmonia.

Vila Autódromo ha sido uno de los símbolos de la resistencia porque las 20 familias que se han empeñado en quedarse entre cascotes y destrucción han logrado la solidaridad de artistas y movimientos sociales que denuncian que la demolición de este barrio (que no afectaba a la Villa Olímpica) es el símbolo de la especulación alrededor de los Juegos. En una nota publicada por Interviú, Agneses Marra explica que “en realidad las casas no afectaban a las instalaciones deportivas, pero sí a los negocios del constructor Carlos Carvalho, conocido como ‘el dueño de Barra de Tijuca’ y responsable de un tercio de las obras olímpicas. La constructora Carvalho Hosken aceptó invertir 500 millones de euros en los Juegos a cambio de que le dieran la tierra donde ha levantado la Villa de los Atletas, 3.500 apartamentos de lujo que pasarán a llamarse Urbanización Isla Pura en cuanto termine la cita olímpica”. 

Los otros ‘legados’ olímpicos

El mapa también señala las más fragrantes violaciones a las leyes laborales. Además del conocido caso de esclavitud laboral detectado en agosto de 2015, la constructora de la Villa Olímpica tuvo casi 40 intervenciones por incumplimiento de la legislación y, a día de hoy, van 11 muertes entre el personal de la construcción. Los otros que han sufrido las consecuencias de los mega eventos deportivos son los trabajadores informales que, desde la Copa Confederaciones, y con la legislación especial impuesta por la FIFA, son expulsados y perseguidos por las fuerzas de seguridad en todo el perímetro de los escenarios deportivos, su zona tradicional de trabajo.

Otro de los capítulos donde los incumplimientos y los engaños han marcado la agenda es el ambiental. Las Olimpiadas llegaban con la promesa de varias grandes iniciativas de descontaminación (como en la Bahía de Guanabara o en las lagunas de Jacarepaguá o la de Rodrigo de Freitas), pero ninguna se ha cumplido y un estudio hecho por un laboratorio internacional encargado por la agencia Associated Press demostró que hay un 99% de probabilidad de infección si se ingieren tan solo tres cucharadas de agua de estas lagunas donde se realizarán, por ejemplo, las pruebas de piragua. El zika, por tanto, no es el único riesgo extradeportivo de estos Juegos. La reforestación prevista para compensar el 100% de las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por los Juegos sólo podrá reabsorber el 69% de los mismos.

La lista del despropósito es larga y está llena de obras inconclusas, proyectos desfalcados, planes de vivienda no realizados, zonas comerciales vacías, puentes que se caen, instalaciones deportivas precarias y gigantescas inversiones públicas (relacionadas con la Copa Mundial de Fútbol y con estos Juegos Olímpicos) que ya han sido privatizadas sin beneficio evidente para el Estado. La corrupción alrededor de los suculentos presupuestos merece un libro aparte.

Los habitantes más desfavorecidos de Río conocen con detalle las consecuencias de este estado de cosas y las delegaciones internacionales que comienzan a llegar a la ciudad ya lo están palpando. Los primeros que han huido de la Villa Olímpica han sido los miembros de la expedición de Australia. “Tenemos problemas de tuberías rotas, problemas de limpieza y con la electricidad. Estamos quedándonos en hoteles cercanos porque sencillamente la Villa no es segura y no está lista", explicaba este lunes Mike Tancred, el portavoz de la delegación australiana. Parece que británicos y neozelandeses también se enfrentan a los mismos problemas.

Militarización

Cuando Brasil asumió el Mundial de Fútbol y las Olimpiadas estaba en la cresta de la ola. El subimperio caminaba con paso firma a convertirse en imperio y su liderazgo arrollador dejaba cadáveres en el camino en Suramérica, donde imponía su ley. Por eso, además de los planes de inversión, a finales de 2008 diseñó un plan de militarización que, mediante las denominadas de forma eufemística como Unidades de Policía Pacificadora (UPP), pretendía crear corredores seguros en las zonas de presencia de turistas e invitados. La multimillonaria inversión en “seguridad” no buscaba la seguridad para los habitantes de Río sino que se centraba en las zonas turísticas, el aeropuerto y la contención de las favelas. El Gobierno de Estado de Río tiene más presupuesto para seguridad que para salud y educación y, aunque está arruinado y no puede pagar salarios a todos sus empleados, sí pidió un préstamo de 2,9 billones de reales (unos 880 millones de dólares) al Gobierno Federal para implementar su estrategia de militarización de la ciudad. Ese dinero no evitó que el pasado 17 de junio el gobernador de Río, Francisco Dorneles, decretara el “estado de calamidad” por razones económicas, lo que ha limitado de forma drástica los servicios esenciales” para así poder garantizar la realización de los Juegos.

Amnistía Internacional analiza el efecto de las inversiones en “seguridad” y asegura que ya durante la Copa Mundial de Fútbol de 2014 aumentaron un 40% los homicidios relacionados con la acción policial y desde 2009 hasta ahora se han registrado en Río de Janeiro 2.500 personas asesinadas por agentes de policía (equivalente a uno de cada cinco homicidios registrados en la ciudad). Amnistía, que ha lanzado una campaña denominada “La violencia no hace parte de este juego”, alerta que las comunidades más afectadas por la violencia estatal están ubicadas en las zonas aledañas a las vías que conectan el aeropuerto internacional con las zonas de actividad olímpica (Irajá, Acari e Madureira, entre otros).

La organización  de derechos humanos lamenta la “oportunidad perdida” y se pregunta: “¿Dónde está el "robusto modelo económico", que se promovía en los documentos de presentación de Río 2016 y que preveía un legado pre y post-juegos para "fortalecer el tejido social y medioambiental de Río y Brasil?".

Las denuncias de Amnistía o de los movimientos sociales no han sido escuchados por la clase política que, de hecho, hizo legal la impunidad cuando el pasado 6 de junio la Cámara Federal aprobó el proyecto de ley 5.768 / 2016, que otorga privilegios especiales para el personal militar que cometa crímenes contra la población civil durante los Juegos Olímpicos. Así, hasta el 31 de diciembre de 2016, unos 23.000 soldados que se encuentran dispersos por toda la ciudad ya no serán juzgados por la Justicia Civil sino que dependerán de la justicia militar aunque se les acuse de violaciones contra la vida de civiles. El proyecto no pasó por ninguna Comisión en la Cámara y se votó con carácter de "urgencia".