Mal olor en el acuerdo para suspender fumigaciones con glifosfato

El acuerdo firmado en septiembre pasado los gobiernos de Colombia y Ecuador para finalizar con las fumigaciones con glifosfato, en la zona limítrofe que los separa, ha sido recibido de manera distinta en los dos lados de la frontera. En Colombia es poco lo que se conoce de la negociación y ha sido calificada de secretismo por parte de algunas voces críticas, distinto al cubrimiento que le dieron los medios de comunicación ecuatorianos y el mismo Gobierno.

Para Colombia es un nuevo revés en su política exterior, después de la demanda que perdió ante Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, que concedió al país centroamericano más de 70 mil kilómetros de mar territorial. Ello podría ser interpretado como uno de los motivos para no hacer demasiado ruido con un acuerdo que le dobla la mano al empeño colombiano que buscó erradicar los cultivos de coca usando el agrotóxico que fabrica la internacional Monsanto desde el año 2000, con el inicio del Plan Colombia, financiado por Estados Unidos.

Ecuador desde esa época inició un camino diplomático que no tuvo eco al otro lado de la frontera y que se rompió en abril de 2008, cuando presentó su demanda ante la CIJ, de la cual desistió de la mano del pacto que llegó el 9 de septiembre de este año.

En el acuerdo, Colombia reconoce implícitamente los efectos negativos que el químico causa en la salud de las personas, la fauna y los impactos ambientales, y se compromete a indemnizar a su vecino con 15 millones de dólares, que serán invertidos en proyectos sociales, que aún no está claro dónde pondrán el énfasis, pero se asume que debe beneficiar a las comunidades campesinas que durante estos años se han visto afectadas.

Los reclamos van desde denuncias de aumento de casos de cáncer, hasta el deterioro de la tierra, que se ha contaminado y bajado la riqueza de su producción y la biodiversidad.

Evitar el juicio en La Haya, y establecer el acuerdo entre ambos países permite a Colombia eludir una defensa y enfrentarse ante las investigaciones y argumentos de Ecuador, sobre los efectos negativos de las fumigaciones. Es el Ejecutivo el que hace el trato y con ello, también se salta el Congreso, y de paso le permite mantener el uso del agrotóxico dentro de su territorio, que ha sido criticado por diversas organizaciones ambientalistas, sociales y políticas.

Las fumigaciones se suspenden en la zona fronteriza de Putumayo y Nariño por el lado colombiano, que linda con Sucumbíos, Esmeraldas y el Carchi, en el norte de Ecuador, zona en la que se calcula que habitan unas 15 mil personas, de las cuales dos tercios se habrían visto afectadas por la aspersión don glifosfato.

¿Qué pasa en el resto de Colombia?

Hasta ahora, el revés internacional no obliga al Gobierno colombiano a hacer cambios en sus políticas internas. Aunque es un argumento que se suma a los esfuerzos que se realizan para terminar con las aspersiones también en su territorio.

Si Colombia acepta indemnizar a Ecuador y ceder en las aspersiones ¿es por evitar un nuevo conflicto internacional o por convicción? Porque si los efectos de las fumigaciones son negativas para la población ecuatoriana, también lo sería para la propia y hasta ahora no hay anuncios de suspenderlas en territorio colombiano.

De hecho, el acuerdo establece que dependiendo de las condiciones climáticas y dirección del viento, hay una franja de 10 kilómetros en la cual no se puede fumigar, para que ni una sola gota de la sustancia caiga en territorio ecuatoriano, que en un año se podrá reducir a 5, y finalmente a 2 kilómetros.

La suspicacia se agudiza con el silencio que ha mantenido el Parlamento colombiano, que no se ha hecho parte en el debate sobre esta política para combatir los cultivos de coca. Con un juicio internacional, los congresistas tendrían que enterarse de los pormenores de los efectos del glifosfato, según argumentan algunos analistas, y los pondría ante el dilema ético, si no legal, de pronunciarse sobre el término de su uso también en territorio nacional.

Las consecuencias del glifosfato

La internacional ambientalista Greenpeace publicó un informe científico sobre el herbicida glifosato, en el que se advierte de los efectos nocivos para la salud humana y el medio ambiente que provoca el químico.

La evidencia de la que da cuenta el informe “Tolerancia a herbicidas y cultivos transgénicos. Por qué el mundo debería estar preparado para abandonar el glifosato”, señala que los productos con base en glifosato pueden tener efectos adversos sobre la salud humana y animal y el ambiente.

Los herbicidas con base en glifosato son utilizados para el control de malezas, ya que no son selectivos y eliminan toda la vegetación. Y en lo que se refiere a los impactos en la salud humana, el informe advierte que la exposición de los seres humanos al agrotóxico ha sido vinculada a varios efectos crónicos: reproductivos (defectos de nacimiento), cáncer, neurológicos (incluso implicado en causal para el mal de Parkinson), y efectos agudos por el uso directo del producto para agricultores o por exposición de los habitantes que circundan los lugares donde se aplica.

El informe enfatiza la preocupación por los defectos congénitos experimentados por mujeres en Argentina y Paraguay, que podrían ser consecuencia de su exposición al glifosato utilizado en cultivos de soja y arroz transgénicos.

Los estudios científicos demuestran el potencial del glifosato para inducir abortos no deseados, su propiedad de causar daño mitocondrial, necrosis y muerte celular en células embrionarias y placentarias. También se habla de alteraciones endócrinas, incluyendo la interrupción en la producción de progesterona y estrógenos, y el retraso en la pubertad masculina.

Por otro lado se ha comprobado, según consigna el informe de Greenpeace, que el glifosato interactúa con la química y la biología del suelo. Provoca una serie de impactos que incluyen la reducción de la nutrición de las plantas e incrementa su vulnerabilidad a las enfermedades.

También puede lixiviarse hacia aguas superficiales y subterráneas, donde puede dañar la vida silvestre y, posiblemente, terminar en el agua potable, se sostiene en el informe

Greenpeace considera que el aumento de las malezas resistentes al glifosato está asociado a los cultivos transgénicos, y la escalada en la carrera armamentista en contra de estas malezas resistentes intensifica las preocupaciones de que aún más glifosato sea utilizado en el futuro, en formulaciones más fuertes y posiblemente con herbicidas adicionales, como ha sido el caso de la frontera de Colombia-Ecuador, donde se consigna que la fórmula se hace en una mezcla superior al 40% cuando el mismo fabricante recomienda no pasar del 22%.