Nueve temas pendientes en derechos humanos

La Universidad Diego Portales (UDP) presentó la semana pasada la undécima versión del 'Informe de Derechos Humanos en Chile' que pone en la lupa lo ocurrido en la materia desde mediados del año pasado hasta mediados de 2013, en el marco de los 40 años del Golpe de Estado cívico militar.

El libro, que en su versión 2013 se presenta en nueve capítulos, se ha convertido en un documento obligado de consulta para el análisis de los temas relacionados con los derechos humanos en el país austral, y este año abre el análisis con el capítulo “Verdad, justicia y memoria por violaciones a los derechos humanos en tiempos de dictadura, a 40 años del golpe militar”.

Los comentarios al “Informe” estuvieron a cargo de la directora del estatal Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Lorena Fríes, y del periodista y conductor de televisión, Juan Manuel Astorga, y presentado por la directora del Centro de Derechos Humanos de la UDP, Judith Schönsteiner, y el editor general del libro, Tomás Vial.

Los temas que se abordan este año, vuelven a poner en la palestra pública las deudas históricas que el Estado de Chile mantiene en materia de derechos humanos, que tuvo más de 70 recomendaciones en el examen ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 2009, y que hasta la fecha lo mal ubica dentro del estándar internacional.

Este nuevo informe de la UDP, que se complementa en el país con textos del mismo INDH, Amnistía Internacional, y el Comité Ético Contra la Tortura (CECT), entre otros, y tiene el valor de no restringir el tema de los derechos humanos sólo al terreno de las violaciones flagrantes y los crímenes de lesa humanidad -que también los hay-, sino abarcar tópicos de las relaciones sociales, que cada día se hacen más visibles, como es el caso de los derechos de las mujeres quebrantados por penalización total del aborto, o de las personas trans.

Además, avanza en aspectos de los derechos humanos a un ambiente libre de contaminación, pasando por el derecho humano al agua –que en este caso ejemplifica con el caso de los habitantes del valle de Petorca–, los derechos de los inmigrantes en Chile, y el derecho a la salud mental, que se aborda por primera vez en las once versiones del documento.

El Informe, sus tópicos y sus denuncias

Ester Valenzuela, subdirectora de la carrera de Derecho UDP, entidad de la que depende el Centro de Derechos Humanos, planteó que el Informe se relaciona con el rol de la Universidad, que “implica ser parte de la sociedad que queremos”, y aportar al “pluralismo, la independencia y a la mirada crítica”.

Y agregó la abogada que algo como lo sucedido hace 40 años -a partir de la dictadura- “no puede volver a pasar nunca más en Chile”, motivo por el cual “hay que estar atentos a los derechos fundamentales y que no se vuelvan a poner en peligro”. Estar pendientes de los derechos humanos, según Valenzuela, tiene la importancia de proteger la democracia.

El abogado editor general del informe, Tomás Vial, resaltó que hay tópicos que no se han abordado en otras ocasiones, lo cual ofrece la posibilidad de avanzar en debates pendientes en la sociedad chilena, que permita elevar el nivel de relevancia de los derechos humanos en el país, y el estándar con qué se miden.

El periodista Juan Manuel Astorga hizo énfasis en el análisis del quinto capítulo “Salud mental y derechos humanos. La salud de segunda categoría”, tema que por primera vez tiene cabida en el informe, en un país donde la primera causa de licencias por incapacidad transitoria tiene que ver con la materia, y la tasa de suicidio entre las personas que sufren depresión alcanza entre el 15 y el 20%.

Astorga, un reconocido profesional de las comunicaciones, cayó en una depresión hace unos años, cuando asumió públicamente su homosexualidad, y salió de la pantalla por largo tiempo. Y relató el círculo vicioso en que cae una persona cuando se ve afectada por esta patología.

Primero se aísla, luego no se relaciona y los amigos tampoco lo quieren ver, pierde el ánimo y el deseo de trabajar, deja de cumplir en su trabajo, y por ende se queda sin dinero. Y en ese momento se genera una segregación porque quien no tiene para pagar no puede acceder a un tratamiento, en un sistema de salud que no considera la cobertura adecuada.

En Chile, del presupuesto total destinado a la Salud, sólo el 3% se destina a la salud mental, cuando en los países llamados desarrollados destinan un 10% y en Uruguay, vecino de la región, se destina el 7%, dijo Astorga. “El Estado debe garantizar el derecho a la salud”, señaló el periodista, y agregó que la realidad es que 1 de cada cuatro personas no recibe el tratamiento que necesita.

El principal problema, reflexionó Astorga, es que sólo se mira como un asunto de tratamiento y no como un tema de derechos humanos.

Por su parte, la directora del INDH, Lorena Fríes, afirmó que lo que evidencia el “Informe” es una verdad que no se puede tapar con un dedo. Y señaló que la coincidencia con el documento que entregó su entidad, es que hay una falencia en asegurar la igualdad desde todos los ámbitos, y “pareciera que hay una demanda por mayor institucionalidad y más Estado”.

Fríes profundizó en el segundo capítulo: “La penalización del aborto como violación de los derechos de las mujeres”, que en Chile se aborda como un tema valórico, y se disocia del campo de los derechos humanos.

La realidad, expresó Fríes, es que “todavía no podemos tener cifras concretas, globales y reales, por su ilegalidad”, pero se calcula que se practican más de 160 mil abortos por año de manera clandestina, y quienes lo hacen no cuentan con protección de su salud, dado que si se complica y son denunciadas, las mujeres que se lo realizan corren el riesgo de ser encarceladas.

Según una investigación adelantada por la Defensoría Penal Pública y el Ministerio Público, el aborto afecta de manera negativa principalmente a las mujeres más jóvenes, quienes aún no tienen su autonomía sobre su cuerpo.

La abogada explicó que ante la falta de consenso internacional frente a que el aborto sea un derecho, dado que hay quienes lo contraponen al derecho del feto a nacer. Aunque en lo estrictamente jurídico el niño o niña es persona desde el nacimiento, y no serían aplicables los derechos de las personas a quien todavía no lo es.

Para Lorena Fríes en lo que hay que enfatizar es en la libertad de decidir de la mujer, frente al número de hijos, a la autonomía reproductiva, y no debería haber coacción ni para abortar, ni para evitar que se haga.

La directora del INDH, quien antes del actual cargo se desempeñaba en el ámbito de la protección de los derechos de las mujeres, enfatizó en que se debe promover un debate informado con todas las posturas, cosa que hasta ahora no se ha producido en Chile. Hay argumentos que se contraponen, y se debe tomar en cuenta que así como en principio se debe proteger la vida, hay que tomar en cuenta que hay casos en que se dan embarazos forzados, lo cual es una violación a los derechos de las mujeres, así como la esterilización forzada puede ser considerada un delito de lesa humanidad.

En lo jurídico se penaliza el aborto en Chile, pero la realidad ubica el debate como otra muestra de discriminación, dado que quienes más se exponen son las mujeres sin privilegios, porque en los estratos más privilegiados se esconde, y se accede a realizar un aborto con la facilidad que ofrece el poder adquisitivo, cuando se puede practicar en el extranjero en países donde sí es legal, o de manera clandestina en sitios que ofrecen mayor seguridad.

Para Lorena Fríes el aborto, además de ser un debate que se debe realizar abiertamente, y de manera informada, debe ubicarse en el terreno político y sacarlo de lo valórico, dado que es un tema de derechos humanos. No imponer una postura, para la abogada, “es un tema de de democracia”.  

Los nueve capítulos del Informe

1) Verdad, justicia y memoria por violaciones de derechos humanos en tiempos de dictadura. A 40 años del golpe militar. 

2) La penalización del aborto como una violación a los derechos humanos de las mujeres.

3) Derechos humanos de los migrantes y refugiados. Análisis del proyecto de ley de migración y extranjería.

4) Derechos humanos de la infancia y adolescencia: adolescentes infractores frente a sanciones no privativas de libertad.

5) Salud mental y derechos humanos: la salud de segunda categoría 

6) Fuerza estatal y conflicto mapuche.

7) El derecho al agua como un derecho humano: el caso de la provincia de Petorca.

8) La ley antidiscriminación: avances e insuficiencias en la protección de la igualdad y la no discriminación en Chile.

9) Informe sobre diversidad sexual: las violaciones a los derechos humanos de las personas trans en Chile.