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Los afrocolombianos del Cauca denuncian la desprotección territorial

jueves 07 de noviembre de 2013 Poblaciones afrocolombianas del Cauca ocuparon la sede del Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (INCODER) en Popayán para exigir al Gobierno que atienda la grave situación de desprotección de sus territorios y la violación de derechos humanos que conlleva.

Por Equipo Otramérica / varias fuentes

El 31 de octubre comenzó esta ocupación pacífica que busca el cumplimiento de los compromisos a los que había llegado la entidad oficial con la Mesa de Desarrollo Territorial Afrocaucana hace ya un año y que se referían al “otorgamiento de títulos de explotación minera en territorios ancestrales y colectivos de comunidades, la titulación colectiva de los territorios en los Valles Interandinos; la violación a la consulta previa y el consentimiento previo, libre e informado; la vulneración sistemática de los Derechos Humanos; el modelo de desarrollo y el conflicto armado”, según denuncian los ocupantes.

Las personas encadenadas al interior de la sede gubernamental son parte de los consejos comunitarios, capitanía y organizaciones de base de comunidades negras que integran La Mesa de Desarrollo Territorial Afrocaucana. Estos representantes luchan por el cumplimiento de un pliego de 7 puntos que contemplan asuntos territoriales, minería en los territorios, la celeridad de las compras de predios priorizados y las respectivas titulaciones colectivas; así como la implementación del Auto 005 [de la Corte Constitucional sobre los derechos de la población afrocolombiana desplazada por el conflicto], la construcción y ejecución de un plan del buen vivir de las comunidades Afrocaucanas.

La situación del agro y de la tenencia de la tierra en el Cauca es dramática. Según el informe elaborado por Henry Caballero Fula en 2011, un 1,12% de los propietarios en el Cauca acapara el 53,7% de la tierra productiva, mientras que un 77,76% se reparte a malas penas el 10,7% de la tierra agrícola. La estructura de grandes propietarios está fomentada por políticas oficiales que fomentan los monocultivos (Palma africana y caña de azúcar, especialmente), empujan a la explotación minera y son el marco en el que proliferan los cultivos para uso ilícito.

“Los indígenas, con la tercera parte de la población rural, tienen una cifra cercana a la quinta parte del área rural; algo similar se puede ver en el caso afrocolombiano; en tanto la población sin adscripción étnica, siendo a su vez una tercera parte de la población rural, tiene más de la mitad del área rural catastral. Es preciso tomar nota que en este sector sin adscripción étnica es donde se encuentran ubicados los grandes propietarios y las empresas de agroindustria; es decir que no se trata solamente de lo comúnmente denominado como población campesina (que estaría ubicada en este sector como pequeños y medianos propietarios)”, explica Caballero Fula.

La situación de concentración de la propiedad, la presencia de actores armados al margen de la ley y la vulnerabilidad en resguardos indígenas y territorios colectivos de afrodescendientes  provoca, además, conflictos interétnicos, desplazamiento y un estado de violación de los derechos humanos permanente. 

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