El Gobierno de Colombia promete “priorizar” a Bojayá... 10 años después

El único departamento oficial que ha aceptado la invitación al Foro Bojayá, una década, es la Unidad de Víctimas. Defensoría del Pueblo, Departamento para la Prosperidad Social o la propia Presidencia de la República ha despreciado la convocatoria hecha por el Comité 2 de Mayo (que agrupa a las víctimas de Bojayá), el Centro de Memoria Histórica, la Diócesis de Quibdó, la FUCLA y Human Rights Everywhere. El Foro, que se ha celebrado hoy viernes 27 de abril en Bogotá ha contado con la participación de víctimas, de organizaciones y de dos funcionarias de la Unidad de Víctimas.

Gloria Inés Serrano, subdirectora de Reparación Colectiva de la Unidad de Víctimas anunció que ahora Bojayá forma parte del listado prioritario de 32 sujetos colectivos que van a ser abordados por el Estado este año. Esta “experiencia histórica”, según la definió Serrano, se concretará en la definición de un Plan de Reparación Colectiva “construido con la comunidad”. Según la funcionaria, el Estado ha “invertido” en estos 10 años 17 millones de dólares en acciones en el área de Bojayá. “Esta es la mejor prueba de que sólo el dinero no es suficiente para reparar el daño”.

No hubo muchas más concreciones, tan sólo que por primera vez se tratará a la comunidad como “sujeto colectivo” afrodescendiente e indígena, según explicó María del Pilar Valencia, la Directora de Étnias de la Unidad de Víctimas.

Testimonios

Las voces de las víctimas y de las organizaciones ha sonado más fuerte. En el crimen de guerra de Bojayá murieron 89 personas, la mayoría menores de edad, y otras 20 perdieron la vida por heridas o hecho relacionados con esta masacre.

Rosa del Carmen Chaverra, afrodescendiente, perdió en la masacre a seis familiares, entre ellos a sus padres. Con lágrimas en los ojos ha contado su experiencia y ha tratado de narrar su dolor. “Hablo con mis papás en sueños y veo que se fueron tristes, con hambre…”.  Jaime Martínez, representante de los Cabildos Indígenas de Bojayá ha denunciado el desplazamiento, el hostigamiento y la falta de atención estatal que sufren los resguardos indígenas en el área.

Los testimonios ha mostrado que el conflicto armado ha seguido vivo en la región del Medio Atrato y que las consecuencias del desplazamiento masivo (unas 200.000 personas en todo el departamento del Chocó) son de extrema gravedad.

Quizá por eso Herlyn Perea Chalá, superviviente de la masacre  y representante del Comité 2 de Mayo ha dicho que “el conflicto ha cambiado sus formas desde la masacre y las comunidades nunca volvieron a ser las mismas ni a recuperarse”. Perea denunció como el “Estado colombiano viene tomando grandes y graves decisiones que afectan al territorio y a la vida de las etnias sin respetar ni proteger sus derechos”. El líder afrocolombiano se refería a las licencias para multinacionales extractivistas, un tema que luego ha dominado en el coloquio con el centenar de asistentes al Foro.

Datos y denuncias

Según el Comité 2 de Mayo hay 2.460 personas de las desplazadas por la masacre de Bojayá que siguen subistiendo fuera de sus comunidades, en la capital del departamento (Quibdó); desde 2009 a febrero de 2012 se ha producido 435 (entre ellos 17 menores y 29 mujeres) asesinatos sin tener el cuenta el alto subregistro que provoca el miedo; 27 casos documentados de amenazas a líderes y lideresas…

Por eso, las denuncias escuchadas en el Foro apuntan a un nexo perverso entre “economía, política y violencia”. “Las víctimas no somos el problema, somos parte de la solución”, reclamaba Perea. El sacerdote Luis Carlos Hinojosa, de la Pastoral Social de la Diócesis de Quibdó, ha ido un poco más allá al afirmar que “el Estado sigue permitiendo y en muchos casos avivando el conflicto armado”. Por eso ha exigido al Gobierno y al Estado que digan la verdad y la asuman. “La verdad sobre tantos incumplimientos; la verdad sobre los actores responsables de los saqueos y del exterminio físico, cultural, espiritual y territorial; la verdad sobre cómo el Estado viene entregando los recursos naturales a países ricos e industrializados y sus empresas transnacionales; la verdad sobre las políticas y acciones gubernamentales que promueven y aseguran la impunidad y los encubrimientos…”.

En el tramo de coloquio del Foro se ha apuntado también el peligro que puede suponer el Tratado de Libre Comercio Firmado entre Colombia y Estados Unidos, el “matrimonio entre multinacionales y actores armados” o  la desconfianza de las comunidades ante las promesas de las consultas previas o del respeto a la diversidad natural y humana del río Atrato. El líder afro Nevaldo Perea ha avisado: “El Medio Atrato es una bomba de tiempo y pueden pasar cosas tan o más graves como las que ocurrieron en Bojayá”.