El Gobierno de Colombia reprime un paro que niega

En Mojarras (Cauca), desde helicópteros de la Fuerza Pública se dispararon ráfagas de fusil, resultando heridos de bala Fabián Bolaños, de Brisas, Patía, de 23 años, y otra persona, de Sinaí, Argelia, que no ha sido identificada aún.

Por otra parte, se reporta que en el punto conocido como La Cantera, en Piedecuesta (Santander), las familias que estaban armando sus cambuches para pasar la noche del domingo al lunes fueron atacadas con gases lacrimógenos. Uno de los manifestantes, Frengy Jiménez, fue atacado violentamente por la Fuerza Pública a solicitud del delegado del personero municipal, según se informa. La golpiza derivó en fracturas múltiples en brazo y pierna izquierda. Este hecho es sumamente grave ya que contradice completamente la función de la personería como garante de los derechos ciudadanos.

Estos son algunos de los hechos de represión de un Paro Nacional que cumple 9 días y que, según dijo hace unos días el presidente de la República, no existe. Claro, que ayer lunes, tras cinco horas de negociación en Boyacá, Santos ha cambiado el discurso, ha aceptado sentarse a negociar a partir de hoy martes con los campesinos de Boyacá, Cundinamarca y Nariño -tratando de romper así su carácter estatal- y ha dicho que  lo habían tomado “fuera de contexto” cuando dijo que “el tal paro nacional agrario no existe”. “No es nacional porque está localizado en departamentos determinados y porque se han venido dando soluciones a arroceros y cacaoteros”.

Los campesinos y las organizaciones que sostinen el paro plantean una serie de reivindicaciones que se podrían resumir así: Aclarar el tema de la propiedad de la tierra, el reconocimiento de la territorialidad campesina, la implementación de políticas frente a la crisis de la producción agropecuaria, la inversión social para la población rural y urbana, la participación de pequeños y medianos mineros en la formulación de la política del sector y las garantías para el ejercicio de los derechos políticos de la población rural. Entre los actores sociales que participan en el paro están organizaciones campesinas y productores agrarios, centrales obreras, viviendistas, maestros, estudiantes, partidos y movimientos políticos, organizaciones de desplazados, movimientos de víctimas, organizaciones de mujeres, movimientos de la salud, y movimientos comunales.

Represión en un clima incierto

Aunque se anuncien negociaciones, el ambiente está sumamente enrarecido. Los alimentos se han encarecido un 100% en estos 8 días de Paro Nacional, las protestas han llegado a la capital, Bogotá, con la masiva cacerolada que se produjo anoche en la Plaza Bolívar y los muertos como consecuencia de la represión ya suman los cinco. Además, las organizaciones de derechos humanos vienen denunciando detenciones arbitrarias, persecución y hostigamiento a los líderes del paro.

De hecho, el domingo, fue detenido en Bogotá Húbert de Jesús Ballesteros Gómez, vicepresidente de Fensuagro, la federación nacional sindical agropecuaria, miembro del Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y vocero de la Marcha Patriótica. La detención del encargado de Relación con Sectores Sociales de la CUT es considerada como un hecho extremadamente grave por el sindicato que señala: "Cuando en el país se están desarrollando paros nacionales del sector agrario, de la salud y camioneros, además que se inicia el Paro Nacional de las Madres Comunitarias y a partir del 10 de septiembre se paralizará la educación en todo el país; vemos que la detención de Hubert Ballesteros hace parte de la ofensiva de persecuciones que se están desarrollando por el Gobierno Nacional contra la dirigencia y participantes de estas justas luchas que estamos respaldando".

La represión es generalizada y por eso una serie de organizaciones de Derechos Humanos (1) realizaron el pasado día 24 de agosto una misión de verificación al departamento de Boyacá, donde los choques entre policía y manifestantes han sido más duros. Las conclusiones fueron demoledoras ya que pudieron comprobar "disparos indiscriminados con arma de fuego de uso privativo de las fuerzas policiales contra la población"; "heridos con arma blanca y elementos contundentes, en hechos en que se involucra a agentes del ESMAD (antimotines)"; "abuso sexual contra jóvenes (hombres y mujeres) por parte de agentes policiales"; "actos de tortura y otros malos tratos que involucran el uso arbitrario de gases lacrimógenos en sitios cerrados, incluso en hogares infantiles ocupados con niños entre 3 y 6 años"; "ataques contra jóvenes y menores de edad, en condiciones de indefensión, pues se efectúan por fuera de las manifestaciones y en lugares solitarios"; "lanzamiento indiscriminado de gases lacrimógenos desde helicópteros"; "ingreso arbitrario en los lugares de habitación y la destrucción de los bienes de los campesinos"; "identificación, señalamiento, persecución y amenazas contra líderes y lideresas del Paro Agrario"; "detención masiva y arbitraria de manifestantes y otros pobladores en todo el Departamento", o el "uso de ambulancias para el transporte de miembros del ESMAD, el uso irregular de emblemas humanitarios y un grave ataque a la Misión Médica", entre otros.

Ser campesino en Colombia

El periodista Reinaldo Spitaletta publicaba en el diario El Espectador un duro artículo describiendo las condiciones reales de los campesinos en el país, aquellas que explican este paro y el riesgo que corren los manifestantes: "Ser campesino en Colombia está ligado al vasallaje, a los peonazgos. Hay hasta cantos bucólicos de ciertos dueños, cuando ven en sus inmensas extensiones a trabajadores agrarios, pero que no son propietarios, sino jornaleros. Víctimas de distintos bandidajes, los campesinos colombianos han oscilado entre las macheteadas, las balaceras, las persecuciones y las motosierras. Con el proyecto paramilitar, muchos miles fueron arrojados de sus parcelas, condenados a la condición dolorosa de desterrados y desplazados a la fuerza. Pero parece ser que más violentas que las mafias, los paracos, las guerrillas, son las transnacionales. Después de suscribirse el tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Colombia, la situación de campesinos, de agricultores, empeoró. Recientes denuncias advierten sobre el peligro que representa tener semillas. Las transnacionales, a las cuales el gobierno colombiano ha servido como gran prostituta, comenzaron sus maltratos contra aquellos que guarden semillas extranjeras 'genéticamente modificadas'. Los campesinos, alzados hoy contra los monopolios extranjeros, corren el riesgo de ir a la cárcel o pagar cuantiosas multas. Y todo porque los serviles lacayos de la dirigencia nacional se empeñaron en proteger unas cuantas semillas extranjeras en detrimento de numerosas y ancestrales semillas que han sido el patrimonio de estas Américas. Sitiados por las transnacionales, los campesinos colombianos están abocados a la ruina, y, de otro lado, tendrán que erguirse como defensores de las semillas libres".

(1) Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Observatorio de Derechos Humanos y Violencia Política de Boyacá y Casanare, Centro de Atención Psicosocial, Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, Comité Permanente por la Defensa de Derechos Humanos, Movimiento Nacional de Victimas de Crímenes de Estado, Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Comisión de Derechos Humanos del Congreso de los Pueblos, Equipo Nizkor, Periodistas independientes, con el acompañamiento de Brigadas Internacionales de Paz.