El Ejército ecuatoriano repite las peores prácticas de sus homólogos colombianos

Hace ya 7 meses que el Ejército ecuatoriano entró al Bajo Putumayo. Lo hace con tácticas similares –y violatorias de todas las convenciones internacionales- a las del sus homólogods colombianos. Allí, entran de manera arbitraria a las fincas de los kichwas, los acusan de ser colaboradores de la guerrilla por el hecho de vivir en territorio fronterizo y de paso entrenan y hacen maniobras en territorios indígenas. Cuando no entrenan, se enfrentan a tiros a grupos irregulares poniendo en riesgo la vida de la población civil.

Según cuentan los moradores de Sandu Yacu, el pasado 20 de octubre se registró uno de los casos más extremos, cuando soldados interceptaron al campesino Jaider Fausto Monaga Ponce, de 23 años. Jaider se dirigía desde su cultivo a su casa porque escuhó disparos y temió por la seguridad de su familia. Según la denuncia, los militares ecuatorianos “lo habrían amarrado y vendado, tirándolo dentro de una embarcación fluvial en la que se movilizaban (Piraña), ubicada al lado de la casa en el río Putumayo; los miembros de las FFAA no se identificaron ni explicaron las razones para la detención. Su esposa, Sandra Milena Coquinche, de nacionalidad Ecuatoriana, de 17 años de edad y 9 meses de gestación, también fue detenida y obligada a subir a la embarcación junto con su hijo de 14 meses de edad”.

La denuncia relata con detalle como pasaron la noche en el Batallón de Selva Nº 55 (Puerto el Carmen, Sucumbíos). A la mañana siguiente liberaron a Sandra Milena Coquinche y su hijo de 14 meses sin mediar explicación. Sandra Milena cuenta “que durante la noche del sábado 20, mientras estaba detenida en el Batallón 55, escuchaba gritos como si estuvieran ‘castigando’ a personas”.

“De la casa de Jaider Fausto Monaga Ponce, donde sólo permaneció el ejército ecuatoriano tras la detención de toda la familia, desapareció toda su documentación, incluida la de sus padres y hermanas que residen en la misma y no se encontraban en ese momento; además de dinero en efectivo, una moto sierra, un generador de luz y un motor de agua 40. A la fecha la esposa, hijo, padres y hermanas de Jaider Fausto Monaga Ponce se han visto forzados a desplazarse de la comunidad y solicitar albergue en otras zonas por temor a ser víctimas de otras formas de violación a sus derechos humanos o a represalias por denunciar los hechos”.

La noche de ese sábado fue de terror para la comunidad. Gentil Alirio Papa Ponce, de 38 años, y su hijo Jerson Papa Llori, de 15 años, ambos refugiados kichwa colombianos reconocidos como tal por Ecuador, fueron detenidos sin orden de arresto. “Les amarron las manos, vendándoles los ojos y postrándolos boca abajo en el suelo; en varias ocasiones hasta la llegada de la embarcación (piraña) en la que fueron arrojados Gentil Alirio Papa Ponce intentó pedir explicación de los hechos recibiendo bofetadas o golpes por parte de militares”.

Después de 48 horas en el mismo batallón 55, el martes 23, ellos dos junto a Jaider Fausto Monaga Ponce “fueron deportados a Colombia por el puente internacional de Rumichaca, después de haber sido cesados de su condición de Refugiados por parte de la Cancilleria Ecuatoriana y por orden de la Intendenta de Policía de Sucumbíos; a la fecha se desconoce su paradero y su situación jurídica y personal, no se han comunicado con familiares o amigos y de desconoce si cuentan con defensor”.

Además de la grave violación de los derechos humanos de estos dos adultos y un adolescente, se ha dejado en situación de indefensión a sus familias, que contaban con su trabajo como único sustento.

La Oficina de Derechos Humanos de la Federación de Mujeres de Sucumbíos ha responsabilizado “a las Fuerzas Armadas Ecuatorianas y al Estado Ecuatoriano por las violaciones a los Derechos Humanos cometidas por acción directa u omisión en el cumplimiento de sus obligaciones en las personas de Jaider Fausto Monaga Ponce, Gentil Alirio Papa Ponce, Jerson Papa Llori y Sandra Milena Coquinche”.

La Federación, además, alerta “sobre la situación que se vive en el sector después de los últimos acontecimientos y el temor manifiesto de los habitantes por el desarrollo de acciones de esta misma índole o similar; exigiendo la intervención inmediata y oportuna del Estado para que se evite la ocurrencia de nuevos hechos de violación de derechos humanos, desplazamiento forzado o infracciones al DIH”.