Asesinan a abogado de los campesinos del Aguán

Trejo había sido procesado por el Ministerio Público el 22 de agosto pasado después de que fuera apresado cuando daba declaraciones a medios de comunicación, en momentos en que la policía golpeó y capturó a campesinos y campesinas que se manifestaban pacíficamente el 21 del mismo mes.

La nueva víctima de la represión en Honduras se encontraba en las afuera de una iglesia celebrando una boda, en un sector del Toncontín, cuando fue atacado por hombres armados que alcanzaron su cuerpo con cinco balas, provocándole la muerte. El vehículo del abogado tiene, al menos, otras cuatro perforaciones de bala, según informó el Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA). El crimen ocurre justo un mes después de ser acusado por el Ministerio Público de varios delitos que los fiscales no pudieron sustentar ante el juez.

Según el MUCA, “no cabe duda que el asesinato del  compañero Trejo es un mensaje de los grupos de poder que habitan en el Aguan y de los tomadores de decisiones que hay en el país, hacia el campesinado”. Para la organización de base del Aguán, una de las más golpeadas en el país, la responsabilidad de este asesinato recae en “el poder Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo, los terratenientes Miguel Facusse, René Morales y Reinaldo Canales, y los aparatos represivos del Estado”.

El profesional del derecho jugó un papel trascendental en la defensa del derecho a la tierra de las cooperativas campesinas aglutinadas en MARCA: San Isidro, Despertar y La Trinidad. Su argumentación sobre la reivindicación del derecho de propiedad de las cooperativas lo llevó a interponer varios recursos legales por varios años hasta lograr que el 29 de  junio de 2012 un Juez de lo Civil emitiera una resolución por la cual devolvía las tierras a los campesinos, 18 años después de que fueran despojados de las mismas por los terratenientes Miguel Facussé y René Morales. Sin embargo, en el período de vacaciones de la CSJ, los terratenientes introdujeron a través de sus abogados un recurso extemporáneo, el cual fue resuelto de forma ilegal para beneficiarles.

De acuerdo a denuncias de los campesinos organizados del Aguán, magistrados de las Cortes de Apelaciones de Francisco Morazán y La Ceiba estaban realizando acciones para revertir la sentencia. Esta denuncia la vinieron a interponer ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jorge Rivera Avilés, el 20 de agosto pasado, pero no fueron recibidos por el funcionario que prometió hacerlo al día siguiente. Tampoco lo hizo ese día, sino que se reunió con los apoderados legales de los terratenientes y ordenó un desalojo violento contra los denunciantes. La policía capturó a 25 personas, entre ellas al abogado Trejo, quien en ese momento denunciaba la situación ante los medios de comunicación y fueron acusados por participación en manifestaciones ilícitas, daños a la CSJ y porte ilegal de armas, en un juicio parcializado y lleno de muchas irregularidades.
La Audiencia Inicial se llevó a cabo este 19 y 20 de septiembre, fecha en la cual la Fiscalía no pudo probar la participación de los imputados en los delitos. El juez dejó pendiente la resolución hasta el 5 de octubre. Ante esta arbitrariedad, Trejo señaló  que  la Fiscalía estaba cometiendo prevaricato y abuso de autoridad e incurriendo en falso testimonio y falsa demanda, "por lo que se va a proceder legalmente por estos delitos, porque ya es demasiado lo que están haciendo".
Denunció además que es una política represiva del Estado para criminalizar la protesta social y  recordó que un comisionado que es el enlace entre la CSJ y la policía le dijo a eso de las dos de la tarde: “mire abogado no los van a atender, y el presidente de la Corte ya habló con la Policía y dice que ya los van a gasear” .

Ahora, el MUCA expresa su preocupación por la suerte de otros líderes y lideresas señalados y piden a los organismos internacionales de Derechos Humanos que presten atención a los casos de dirigentes campesinos como Vitalino Álvarez, Yoni Rivas, Juan Chinchilla y Rafael Bautista.